La proposición que han registrado en la Asamblea quiere regular los conciertos educativos, elaborar un mapa escolar y plantea auditorías para estos centros.

El Grupo Parlamentario Podemos ha registrado este miércoles en la Asamblea Regional una proposición de ley para regular los conciertos educativos en la Comunidad y que se pueda auditar a estos centros de cara a que se garantice su transparencia y la igualdad. La norma que propone el grupo consta de 73 artículos y pretende la derogación de la orden aprobada el 1 de abril de este año que permitía la concertación a las etapas no obligatorias del Bachillerato y la Formación Profesional y la extensión del periodo de concertación hasta los 6 años.

El portavoz del grupo parlamentario Óscar Urralburu ha presentado esta iniciativa cuyo objetivo es, según ha dicho, evitar la discriminación de la enseñanza pública, defender esta educación y liminar los conciertos educativos a lo que establecen las leyes orgánicas de educación. Urralburu ha recordado que según la ley no son concertables las enseñanzas no obligatorias salvo las de los centros que hayan recibido subvención antes del año 85.

Según ha explicado el parlamentario, la ley quiere limitar la concertación educativa a lo que se fija por ley orgánica para que la enseñanza concertada "sea subsidaria de la enseñanza pública que garantice la gratuidad de la enseñanza hasta el nivel obligatorio pero que no permita la mercantilización de los últimos años que ha ocurrido en muchas comunidades autónomas".

Asimismo, la ley de Podemos exige la planificación de la oferta de plazas, es decir, un mapa escolar,que impide el distrito único a nivel escolar que, según añade, "ha permitido la conversión del derecho a la educación en un negocio que genera segregación y diferencia de oportunidades".

Plantean también una corresponsabilidad social para los centros concertados. En este sentido, ha indicado que deberán asumir una corresponsabilidad social que ya tienen los centros públicos y admitir a alumnado con problemas socioeconomicos, de poblaciones desfavorecidas, con discapacidad o de comunidades cuyo origen sea distinto al español. Además, la normativa limitará la segregación de los centros por género, "no se podrá excluir tampoco a niños con una orientación sexual distinta, queremos que se luche contra la discrminación", ha añadido.

Por otro lado, la proposición de ley busca la transparencia en los conciertos. Según Urralburu, estos centros deberán aplicar la ley de transparencia. Plantean una contabilidad pública para que cualquier ciudadano pueda consultar en qué se invierte el dinero y la realización de una auditoría que también evaluará la contratación del profesorado, le dará estabilidad, evitará  "las puertas giratorias" y promoverá que cualquier ciudadano pueda optar a esas plazas".

Pretenden consensuar la norma con los grupos parlamentarios y que su debate tenga lugar antes de junio para que pueda empezar a aplicarse en el curso 2017-2018.