La Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción se han dirigido al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para pedirle que detenga el desmantelamiento de las políticas de Medio Ambiente que están caracterizando los últimos años de su mandato. ¿Quién se acuerda ahora del Pacto Social por el Medio Ambiente de finales de 2006?

Ecologistas en Acción Región de Murcia. Viernes, 17 de febrero de 2012

Las organizaciones ecologistas consideran que la dimisión de la Directora General de Medio Ambiente, Teresa Navarro, es una consecuencia más de la desastrosa situación de la Consejería que debía velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de los espacios naturales, la flora y la fauna silvestres. La unión de las antiguas Direcciones Generales de Patrimonio Natural y de Evaluación e Impacto Ambiental, con una notable reducción de presupuesto y personal, están llevando a la paralización de muchas de las políticas ambientales en la Región.

Las organizaciones denuncian que ninguna de las Estrategias relacionadas con el Medio Ambiente que se han aprobado o redactado durante los últimos diez años están siendo desarrolladas, y apenas se han cumplido en un porcentaje ínfimo: es el caso de la Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, la Estrategia Forestal de la Región de Murcia o la Estrategia para la Educación Ambiental.

Un caso paradigmático es el Mar Menor, que con múltiples figuras de protección ambiental y evidentes signos de degradación, sigue careciendo de ningún Plan de Gestión de sus espacios naturales protegidos a escala internacional, y el anunciado Plan de Acción del Mar Menor a desarrollar a través de la Fundación Cluster desapareció con ella, lo mismo que ocurrió con la Comisión del Mar Menor, impulsada por el Gobierno del Estado.

Así mismo, las ayudas para la conservación de la naturaleza desaparecieron ya hace dos legislaturas, y la mayoría de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Protegidos de la Región siguen sin aprobarse. Los Planes Rectores de Uso y Gestión aprobados no tienen dotación, y ninguna especie amenazada de la Región de Murcia cuenta todavía con Plan de Recuperación, aunque muchos se han redactado y duermen en los cajones de la administración regional.

También se ha visto mermado el acceso a la información y la participación pública. Prueba de ello es que Ecologistas en Acción y ANSE han tenido recientemente que denunciar ante el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia que el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente no se reúne desde el año 2008, cuando debería reunirse al menos cuatro veces al año.

Las dos organizaciones, que no firmaron en 2006 el Pacto Social por el Medio Ambiente debido a la falta de credibilidad del Gobierno de la Región para cumplir los compromisos de dicho pacto, y los adquiridos en otro sinfín de documentos y acuerdos relacionados con la conservación de la naturaleza, no dudan en calificar de “suicidas” las políticas de desarrollo regional impulsadas por los sucesivos gobiernos de Ramón Luís Valcárcel.

ANSE y Ecologistas en Acción consideran que el presidente Valcárcel es el máximo responsable de descabellados proyectos urbanísticos de gran impacto en espacios naturales costeros como Marina de Cope o Novo Carthago (Mar Menor), y de la urbanización excesiva de buena parte del territorio regional, que ha contribuido de manera considerable a la crisis actual, y a la debacle de diversas instituciones financieras, entre las que destaca la CAM. También consideran a Valcárcel responsable de la continuación de trámites para la construcción de grandes infraestructuras de dudosa necesidad, rentabilidad e impacto social y económico, y que ocasionarán un gran impacto ambiental en la costa, como el macropuerto de El Gorguel.

Las organizaciones opinan que la inclusión de las competencias ambientales en Consejerías que no velan por el cumplimiento de la legislación que protege nuestros espacios naturales y el medio ambiente, y se dedican a facilitar las tramitaciones de proyectos que pueden tener un impacto negativo, sólo han contribuido, y contribuyen aún, a un desarrollo más desequilibrado e inestable, y a una mayor hipoteca para esta generación y las futuras.

Por ello, ANSE y Ecologistas en Acción piden al presidente Valcárcel que cambie el rumbo de la política ambiental de su ejecutivo y que proceda a crear de nuevo una Consejería de Medio Ambiente con competencias exclusivas en la materia, con suficiente personal y presupuesto para cumplir los mínimos exigibles en la gestión del medio ambiente y la naturaleza que exigen la normativa comunitaria, estatal y autonómica, y los compromisos internacionales, así como para asegurar el derecho de acceso a la información y de participación ciudadana.