ANSE ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos que deniega su personación en el expediente sancionador abierto por la realización de obras sin autorización en Puerto Mayor por no acreditar la organización ambiental tener un “interés legítimo colectivo”.

En un comunicado, Anse ha recurrido la decisión de la consejería de Fomento e Infraestructuras al entender que infringe el Convenio de Aarhus, la Ley 27/2006 y las Directivas comunitarias 2003/4 y 2003/35, al tiempo que ha lamentado la actitud de los responsables de este departamento al dificultar los procesos de participación independiente.

En su opinión, esta postura es un ejemplo del “empeño” del Gobierno regional en seguir favoreciendo en el entorno del mar Menor las infraestructuras que sólo contribuyen a un “mayor deterioro de los pocos enclaves” que han sobrevivido al desarrollo urbanístico excesivo, incluso en dominio público, y a una mayor masificación de los espacios naturales protegidos.

Anse presentó denuncia ante la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil por la realización de obras de corte de las tablestacas del puerto, y ante las dudas del objetivo de dichos trabajos, al desconocer si la empresa pretendía retirar parte de los materiales o consolidar lo construido hasta el momento, como se anunció en diversas noticias.

Esta denuncia derivó el pasado mes de agosto de 2016 en la apertura de un expediente sancionador, a cuyo expediente quiere acceder Anse y que, según la resolución de Fomento, sólo le atribuye, en virtud de la legislación, al infractor sancionado la capacidad de recurrir las sanciones.

La organización ha recordado que la Directiva Comunitaria de Protección del Medio Ambiente considera que la no aplicación del Derecho medioambiental se debe con demasiada frecuencia a que la capacidad procesal para recurrir se limita a las personas directamente afectadas por la infracción.

Por ello, estima que una forma de mejorar la aplicación sea garantizar que las asociaciones representativas de protección del medio ambiente tengan acceso a los procedimientos administrativos o judiciales de medio ambiente, puesto que su experiencia ha servido para reforzar la aplicación del derecho medioambiental.

En este sentido, Anse ha incidido en que ha trabajado ininterrumpidamente desde antes de 2005 para lograr, primeramente, la paralización de las obras de Puerto Mayor y, posteriormente, conseguir la restauración ambiental de los arenales de la Caleta del Estacio para un uso público responsable, además de personarse en todos los expediente judiciales y administrativos de este proyecto.