IU-VERDES quiere que el Pleno se pronuncie sobre la Reforma Laboral PDF Imprimir E-mail
Escrito por Prensa IU-VERDES. Viernes, 17 de febrero de 2012   

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes forzará a los componentes del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, a pronunciarse sobre la Reforma Laboral aprobada mediante Decreto Ley el pasado 10 de febrero por el Gobierno de la Nación. Igualmente, la formación de izquierdas hace un llamamiento a todas las personas de nuestra ciudad que tengan sensibilidad social a inundar el próximo domingo, 19 de febrero, de indignación las calles de Murcia participando en la manifestación que han convocado las centrales sindicales.

A través de un extensa y fundamentada moción presentada por el concejal Cayetano Jaime Moltó para ser debatida en la próxima reunión plenaria del Consistorio cartagenero, el Grupo Municipal de IU-Verdes expone las consecuencias del contenido de la citada Reforma Laboral y el incremento del paro que promueve y el aumento de la pobreza que va a provocar por el descenso generalizado de los salarios.

Al margen de que el propio Gobierno de Rajoy ha admitido que su propuesta de reforma no creará empleo y de que queda demostrado claramente que ni la productividad, ni la competitividad ni mucho menos la legislación laboral que estaba vigente -incluida la negociación colectiva- son responsables de la actual situación de desempleo, desde Izquierda Unida se considera que la propuesta de reforma laboral hunde más sus raíces en satisfacer planteamientos de orden ideológico que a atender demandas de contenido socioeconómico basadas en el interés general y en el equilibrio de las relaciones sociales y económicas de una sociedad democráticamente avanzada.

La reforma, entre otros muchos aspectos, da “barra libre” para las bajadas generales de salarios, variaciones en la jornada laboral y cambios en otras materias vinculadas hasta ahora en la negociación colectiva. También facilita la declaración de los despidos como procedentes, reduce la cuantía de las indemnizaciones de los improcedentes, introduce la posibilidad de realizar horas extras en los contratos temporales -facilitando la economía sumergida y la competencia desleal-, promueve la falta de acuerdo en negociación colectiva, suprime la autorización administrativa para la suspensión de contratos y reducción de jornada ante causas económicas, técnicas, organizativas o productivas no sujetas a inviabilidad empresarial sino tan sólo a una coyuntural disminución de la facturación aún cuando la empresa siga obteniendo beneficios.

También se eliminan los salarios de trámite en los despidos improcedentes, salvo en los casos de nulidad y se abre un proceso de sustitución de trabajadores estables y con antigüedad consolidada por otros sujetos a los denominados contratos de formación con salarios de 480 euros mensuales que obligarán a los parados a aceptarlos independientemente de la cuantía de la ayuda que estén cobrando y por el contrario el empresario disfrutará de exenciones en la Seguridad Social y deducciones fiscales que harán que contraten a coste cero. Del mismo modo otorga plenos poderes al empresario en su relación con los trabajadores, lo que se traducirá en la preeminencia de la arbitrariedad frente al diálogo y el consenso y “criminaliza” al trabajador que enferme o se accidente al facilitar su despido, con la excusa de la lucha contra el absentismo laboral, si está de baja durante 12 días en un período de dos meses.

Medidas todas ellas que incumplen la promesa electoral de Rajoy de no abaratar el despido y que muy lejos de crear empleo lo que hacen es destruirlo, facilitando el despido y reduciendo los costes a él asociados. Asimismo, supondrá un empobrecimiento generalizado de la sociedad española al inducir a rebajas salariales generalizadas y es un ataque frontal a la negociación colectiva y al diálogo entre empresarios y trabajadores, suponiendo un retroceso generalizado en los derechos de los trabajadores y discrimina para conseguir un empleo a quienes no cobran ningún tipo de subsidio o ayuda. Todo ello sin olvidar que presenta serias dudas en cuanto a la constitucionalidad de algunos elementos de la reforma recogida en el Decreto Ley.

 

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